CONCEJAL CIRO MORENO CON DOMICILIARIA. DECISIÓN FUE APELADA

A las 6 y 15 de la tarde del miércoles 5 de julio de 2017 el juzgado promiscuo municipal de San gil inicio audiencia como juez de control de garantías para adelantar audiencia de legalización de captura, solicitud de imputación y audiencia de medida de aseguramiento en la actuación penal que se adelanta contra el concejal Ciro Moreno Silva. La demora en iniciar se debió a que el juzgado 4 promiscuo municipal de San Gil se declaró impedido para conocer de la audiencia, por haber sido el despacho el que falló la tutela interpuesta por Farley Parra y Camilo Hernández contra los concejales de San Gil, por lo que el Juez primero Promiscuo municipal no acepto la designación y el tribunal de San Gil resolvió sobre el impedimento, manifestando que si podía conocer como garantías el juzgado cuarto promiscuo municipal.

Iniciada la audiencia el juzgado concedió la palabra al fiscal para presentar la petición de legalización de captura, contra el concejal, señalando los motivos por los cuales se realizó dicha petición en jugado de la provincia comunera y no en San Gil. La intervención del ministerio público, señalo que pasos eran los que debían estudiarse sobre la captura y que los hechos y demás manifestaciones distintas a las exigencias de Ley expuestas por el fiscal estaban de mas, que servían de ilustración pero no eran punto de análisis.

La defensa del concejal señalo posturas sobre la posible ilegalidad de la captura. La primera referente a que el señor Fiscal no debió realizar la solicitud ante juez se Simacota, toda vez que la norma aun que señale que cualquier juez penal municipal es de garantías, también lo es que se adelante ante el juez de lugar de ocurrencia de los hechos, que en ese entender, el fiscal debió solicitar la medida previa en juzgados de San Gil, como lo realizó en las oportunidades anteriores. Así mismo que basados en que la petición se realizó y resolvió el viernes y no fin de semana  para elegar la disponibilidad, de igual forma que el sustento era comparecencia al proceso del concejal, hecho según la defensa sin sustento, toda vez que el concejal en 5 oportunidades le solicito ser oído en interrogatorio sin que esa petición haya sido escuchada por el funcionario, de igual forma que en las anterior citaciones a imputación, retiradas por el ente acusador, el concejal si se presentó y las mismas no se realizaron por hechos imputables a la fiscalía y no al concejal.

Y por último señalo las posibles suspicacias que dejan haber realizado a puerta cerrada la audiencia de solicitud de medida en Simacota, sumado que aun a pesar de realizarse la audiencia dentro de las 36 horas, también es cierto que este término no quiere decir que la persona debe permanecer  todas esas horas privado y a espera, sino que ese es un término máximo en caso de que debe trasladarse de ciudad el capturado, pero en el caso de que el hecho, la captura, el juzgado y el procesado están en San Gil, debió en el término de la distancia realizarse la audiencia y no esperar hasta la hora 35.

El ministerio público señaló al respecto que consideraba que dicha audiencia de solicitud era perentoria y que no era la tapa procesal ni el juez competente para resolverlo.

La juez decreto legal la captura y a solicitud de la fiscalía levanto la captura y cancelo la orden, y a las 8:20 de la noche suspendió la audiencia para el día de jueves 6 a las 9 am y finalizó. Por lo que extra proceso y el fiscal y el ministerio publico solicitaron que se reanudara allí para pedir que se siguiera de forma concentrada con las etapas de imputación y medida de aseguramiento, por lo que la juez a las 8:50 de la noche reinició la audiencia explico los motivos de fondo de la suspensión escuchó a los intervinientes y se procedió a dar lectura de la imputación quedando suspendida la audiencia para las 9 de la mañana de jueves 6 de julio.

Ante la imputación el concejal no acepto los cargos.

La Fiscalía solicitó medida de aseguramiento contra el concejal, esgrimiendo que se dan los presupuestos para privar de la libertad, posición a la que el ministerio público, el doctor Montero como Procurador Judicial se opuso con fundamentos jurídicos y facticos, sobre la condición del procesado, la clase de conducta que le imputa entre otros argumentos.

Así mismo, el abogado defensor presentó los argumentos suficientes para demostrar la no procedencia de la solicitud del fiscal, bajo los argumentos jurídicos de falta de necesidad, oportunidad, idoneidad y proporcionalidad, ni los requisitos del artículo 308, por lo que la defensa sustentó que el concejal no puede ser privado de su libertad. Argumentos compartidos por el ministerio público.

La juez de conocimiento decidió imponer medida domiciliaria al concejal, decisión que fue apelada y será la segunda instancia la correspondiente en resolver el recurso dentro de los términos de Ley.  

 

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