PROCURADURIA SOLICITA SE REVOQUE LIBERTAD DE HUGO AGUILAR

Por Grupo Editorial Dossier

El Procurador 33 Judicial II, ARQUIMEDES SEÚLVEDA solicitó al Juez 17 de Ejecución De Penas Y Medidas De Seguridad se revoque el benefició con el que goza de libertad condicional el exgobernado de Santander Hugo Aguilar Naranjo, la solicitud se deriva del escándalo del carro de alta gama marca Porsche, en el que se le vio transitando por las calle de Bucaramanga en compañía de su exesposa Mónica María Barrera, por lo que para el ente de control  no se «observa buena conducta»  por afirmar que carecía de capacidad económica para asumir la multa de 6.337 millones de pesos impuesta por la Corte Suprema de Justicia, por lo que no debe siguir con el beneficio, como lo manifestó  en exclusiva el diario Vanguardia Liberal de Bucaramanga, Liberal. El periódico sustenta la información en un documento del ministerio público a través del cual se hace la solicitud.

Procuraduría pedirá revocar libertad condicional de Aguilar por caso Porsche

Al ministerio público no le parece coherente que el oficial retirado comprara un carro de alta gama y al tiempo se declarara sin recursos para pagar una multa de $6 mil 337 de pesos impuesta por la Corte Suprema de Justicia, y que en su momento manifestó que solo contaba con la pensión como miembro de la Policía y por ello solicitó acuerdo de paga para cancelar la suma de $500.000 mensuales, pero dos meses después de salir de la cárcel en el 2015 compra el vehículo de alta gama Porsche Boxter, por valor superior a los $300 millones.


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La petición la radicó el 7 abril el ente de control ante la autoridad judicial, antes de iniciar semana santa y del receso judicial. El agente del ministerio público le pide al juez que se escuche al mismo Hugo Aguilar e investigar a Yeison Albeiro Sáenz quien figura como propietario del vehículo, pues su modesta forma de vida no se ajusta a la capacidad económica de comprar un vehículo de ese valor. Por lo que en la petición se solicita se tengan o practiquen los siguientes elementos de prueba:

 – Escuchar en diligencia de descargos y al tenor de los presentes hechos al señor Cr. ® HUGO HELIODORO AGUILAR NARANJO.

– Solicitar de las autoridades tributarias se remita con destino al infoliado tanto copia de la declaración de renta de los últimos cinco (5) años del señor YEISON ALBEIRO SÁENZ PLAZAS como de la carpeta de importación y nacionalización del automotor de marca PORSHE y placas IIY 545.

 – Peticionar de las autoridades de registro automotor, se aporte fotocopia legible e integral de la carpeta correspondiente al vehículo de marca PORSHE y de placas IIY 545.

– Solicitar de las autoridades de policía judicial, se verifique estudio financiero respecto de las capacidades económicas de los últimos cinco (5) años del señor YEISON ALBEIRO SÁENZ PLAZAS.

Hugo-Aguilar

Se señala en la petición que debe solicitarse la medida basado en lo que manifestado la Corte Suprema en C-371-02, con ponencia del Dr. RODRIGO ESCOBAR GIL señaló:

“No resulta contraria a la Constitución la obligación de observar buena conducta prevista en el artículo 65 del Código Penal, siempre y cuando que en su aplicación en el caso concreto, la misma se interprete con criterio restringido, en función de la ponderación, por un lado, del gravamen que de tal interpretación puede derivarse para la libertad personal, frente, por otro, a la necesidad de la ejecución de la pena en cada caso. Ello exige un claro fundamento para la decisión que limite o restrinja el derecho a la libertad personal en función de los fines constitucionalmente admisibles del derecho penal.”

Y agrega…

“No se está ante una decisión discrecional del funcionario judicial, sino frente a un concepto indeterminado, que puede y debe ser precisado para su aplicación, lo que implica, primero, acreditar que ha habido una infracción del deber de buena conducta, segundo, mostrar la manera y la medida en que dicha infracción resulta relevante para el derecho penal y, finalmente, como consecuencia de lo anterior, mostrar por qué esa infracción hace que el juez cambie su percepción en torno a la necesidad de la pena en el caso concreto.”

También señala el ministerio público que el documento periodístico ha logrado demostrar no solo que Aguilar es dueño o fue dueño del auto, y que el actual dueño no posee la capacidad económica y que el vehículo es usado por el Aguilar, además que está claro 2que  el señor Cr.(R ) HUGO HELIODORO AGUILAR NARANJO ostenta disolución de su sociedad conyugal respecto de la señora MÓNICA MARÍA BARRERA CARREÑO, quien sí posee una extensa fortuna, valorada en aproximadamente diez mil millones de pesos ($10.000.000.000), representados en propiedades urbanas y rurales en los departamentos de Boyacá y Santander”.

Lo que para el ministerio Público es claro que debe revocarse el beneficio, puesto debe darse por buena conducta, como lo señala mandato del numeral segundo del artículo 56 del Código Penal, y esta es asaltada al mentir sobre la capacidad frente a la obligación que es deriva de un delito que atenta contra la sociedad toda pero, con mayor énfasis lesivo en sectores especialmente desprotegidos de la población. De allí que la multa inherente a ese reato ostente como destinatario a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, según palabras del ministerio público, y que es una desatención y manifestación clara de la voluntad de sustraerse de lo ordenado por el fallo, que bien con lleva a la inducción en error al operador administrativo para la obtener un beneficio personal, como producto de la burla a los requerimientos judiciales que se le exigen.

Por que si dos meses después de obtener el beneficio de libertad condicional y a pocos meses de declarar que no contaba con los recursos para cumplir con la sanción económica por estar privado de la liberta solo cuenta con su pensión de oficial de la policía, pero dos meses después posee la capacidad de adquirir el vehículo, que si bien no es igual o superior al pago de la multa, si es notorio que con ese dinero podía cumplir parcialmente con un pago, y no con $500.000 mensuales, que es lo que busca se observe para los beneficios, que el condenado mantenga su intención de resarcir y no aprovecharse de una institución jurídica para no hacerlo, por lo que podría ser un comportamiento elusivo que, y de haberse presentado, naturalísticamente es ajeno y contrario a esa buena conducta reclamada por la norma para la concesión del subrogado punitivo.

Conozca el escrito aquí.

PGN-Resolucion 074-2017

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