VENEZOLANAS QUE EJERCEN PROSTITUCIÓN FUERON AMPARADAS POR LA CORTE CONSTITUCIONAL.

El alto tribunal que ejerce la protección de La Carta y los derechos fundamentales en histórico fallo se pronunció respecto del derecho en suelo colombiano que tiene las trabajadoras sexuales venezolanas y sobre la prohibición de deportaciones masivas de las mismas, también señala la Corte que Migración Colombia y a la Defensoría del Pueblo deben velar por el proceso de expedición de visas de trabajo y otros documentos que permitan laboral de forma legal a las mujeres venezolanas dedicadas al trabajo sexual, por lo que las exhorta en el fallo a esto.

La acción de tutela fue propuesta por ANDRES DELGADO GIL especialista en derecho administrativo y exalcalde de Chinácota, debido a que las autoridades en 2016 clausuraron el establecimiento de comercio BARLOVENTO, que funciona allí desde 1935 y que es dedicado a la venta debidas frías y los días sábados y domingos en la noche mujeres mayores de edad prestan servicios sexuales, por lo alegado para cerrar el establecimiento que quedaba en el casco urbano y cerca a un colegio, por lo que su propietaria, quien lo heredó inició el debate jurídico que derivó en el fallo de la Corte. El alto tribunal dejó claro en el fallo de tutela que las autoridades colombianas no pueden pretender que los prostíbulos o cualquier recinto en el que laboren trabajadores sexuales, solo puedan operar por fuera de los centros de las ciudades o en zonas de tolerancia, como lo han planteado varios Planes de Ordenamiento Territorial (POT) en diferentes ciudades del país, tener esta creencia basados en la tranquilidad y el ambiente sano, es ignorar que los trabajadores sexuales tienen derecho a laborar de forma digna, con condiciones de seguridad, como el trabajador de toda empresa o actividad lícita.
La Corte Constitucional señaló:

“Las condiciones de funcionamiento de los establecimientos de comercio dedicados a la prestación de servicios sexuales no deben estar supeditadas a unos estereotipos jurídicos que invitan a esconderlos, reprenderlos e ignorarlos, sino que sus ambientes, circunstancias y contextos, deben estar guiados por las normas constitucionales de libertad, igualdad y dignidad”.

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El fallo la corte reitera su postura frente a la prostitución o trabajo sexual como actividad envestida de derechos laborales y que deben quienes la ejerce protegerse para evitar la explotación sexual, y en el caso de los extranjeros dedicados a esta actividad, los eleva a titulo de inmigrantes y por ello la protección de sus derechos al estar investidos en esta categoría y por ello la prohibición de las deportaciones masivas de migrantes que en busca de mejores oportunidad y debido a lo precario de la situación que atraviesan derivado de la problemática en Venezuela, lo que exige protección y no persecución.

Así mismo, la ponencia aprobada del magistrado Rojas Ríos, le ordenó al municipio de Chinácota a reabrir la Taberna Barlovento y a que, en un plazo de tres meses, cree políticas públicas o programas de generación de empleo, que ofrezcan oportunidades laborales alternativas para los trabajadores sexuales y los dueños de los establecimientos de comercio que prestan servicios sexuales.

Esto dijo la Corte sobre a los migrantes venezolanos en el país

Nelcy Esperanza Delgado, propietaria de Barloventoo, señaló a la Corte Constitucional que en su taberna trabajan “15 hermosas damas mayores de edad”, y las autoridades comprobaron que cuatro de ellas son venezolanas. Para el alto tribunal, el hecho de que en este establecimiento estén trabajando extranjeros resulta preocupante pues, dice el fallo, “la trata de mujeres es un delito cotidiano que debe combatirse con todo el rigor del ordenamiento nacional e internacional”. Sin embargo afirma el tribunal que, es probable que estas mujeres hayan llegado a Colombia a trabajar en este tipo de servicios sexuales por su situación socioeconómica y piensan que cruzar la frontera, encontrarán mejores oportunidades y condiciones de vida.

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“No es permisible, ni aceptable, bajo los parámetros del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que se hagan deportaciones masivas, sin analizar la situación particular de cada persona. El Estado colombiano no puede desconocer las normas internacionales en materia de protección de migrantes, por más que estas personas se encuentren de forma ilegal en nuestro territorio”, señala la ponencia en el fallo.

La solución planteada por la Corte Constitucional es directa: Migración Colombia, la Defensoría del Pueblo y cualquier otra autoridad con competencia en este asunto, deben procurar que los migrantes sean protegidos de forma plena, que puedan ejercer sus derechos, obtener la documentación para permanecer en el territorio colombiano y, de ser el caso, ser calificados como refugiados.

“Se deben valorar las razones por las que decidieron venir a Colombia, los riesgos que corren su son expulsadas del país y la situación concreta que enfrentarían en Venezuela en caso de ser devueltas”, señala el alto tribunal.

Las autoridades deben visitar estos establecimientos de comercio y revisar las condiciones de cada trabajador sexual y garantizar que puedan optar por los documentos como visa de trabajo para estar legales y protegidos su derechos.

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